Freno a la Arbitrariedad - Cartas al Poder Judicial por Uso Indebido de Bienes


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PAZ
 
La Paz, julio 17 de 2009
CITE : ICALP Nº 0674/2009



Señor
Dr. Reynaldo Estrada Aspiazu
DELEGADO DISTRITAL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presente.-


                   Ref. Representa uso indebido de ambientes del Poder Judicial


Señor Delegado Distrital:

Como es de su conocimiento en fecha 29 de abril de 2009 fue emitido por el Poder u Órgano Ejecutivo el DECRETO SUPREMO Nº 0100  que  “Promueve el ejercicio libre de la actividad profesional del abogado con tí¬tulo en provisión nacional, mediante la creación de un Registro Público de Abogados a cargo del Ministerio de Justicia”. El decreto en cuestión al igual que su similar Nº 29783 de 12 de noviembre de 2008, tiene por objeto el debilitamiento orgánico, funcional y financiero de los Colegios de Abogados de la “República de Bolivia”  y el control político del ejercicio de la abogacía, vulnerándose con su solo dictado los principios constitucionales de reserva de ley, de legalidad, y de jerarquía normativa entre otros, amén de los derechos y garantías fundamentales de los Colegios de Abogados y de sus miembros.

Como no podía ser de otra manera, el Colegio de Abogados de La Paz y sus similares de la República, han impugnado por la vía administrativa el arbitrario por inconstitucional e ilegal acto, habiendo merecido el rechazo también ilegal a su consideración por parte del señor Presidente de la República, lo que les habilita y/o lo hace con cualesquiera de sus miembros a plantear un recurso constitucional, aún a pesar del cese forzoso del Tribunal Constitucional y del debilitamiento de varios órganos del Poder Judicial.

Sin embargo señor Delegado Distrital, al no poder algunos malos abogados miembros  del órgano  ejecutivo  plurinacional  conseguir  su  objetivo inmediato, sobre  todo  con  el más  antiguo Colegio de  Abogados de  Sur  América   como  es el   Colegio de Abogados de  La Paz  creado el 20 de  febrero de 1893, se han dado a la tarea de “intentar” amedrentar y criminalizar la libertad de expresión y pensamiento de sus Directores, denunciándolos penalmente, acción que por absurda e infundada esperamos no prospere, salvo, la actuación de algunos malos fiscales y jueces, cuyo obrar de dudosa constitucionalidad, ha sido de conocimiento público en otros casos. Este proceder se ha puesto en forma oportuna en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una forma más de vulneración al Estado de Derecho.

Por otro lado, y como pese a todos los actos arbitrarios, el órgano ejecutivo, no ha podido evitar que los abogados continúen inscribiéndose al ICALP, ahora el Ministerio de Justicia pretende realizar otro acto político intentando mostrar a la población boliviana que tiene el “apoyo y aprobación” del Poder Judicial a sus medidas contra los colegios, la colegiatura y sus abogados, al utilizar el Hall principal de la Corte Superior de Justicia para tomar el juramento a los nuevos abogados.

Y para que no quede duda del móvil político, bastará averiguar que el Ministerio de Justicia posee un Auditorio con una capacidad de ciento cincuenta personas aproximadamente y un importante Hall de ingreso cuyo tamaño es algo menor al del Palacio de Justicia; entonces ¿porqué no desarrollar los juramentos de abogados inscritos en dicho Ministerio, en esas instalaciones?

Es de su conocimiento, que los recintos del Poder Judicial son exclusivos a sus funciones, sin distracciones ni usos que no sean los específicamente jurisdiccionales o los relacionados directamente con aquellas; o tal vez se haya decidido abrir sus puertas para actos de juramento no solo de abogados sino de nuevos profesionales como los arquitectos, economistas u otros, en aplicación del principio de igualdad, o tal vez para las graduaciones de colegios fiscales que carecen de espacios físicos. 

No cabe señor delegado realizar este tipo de actos, más aún si el Poder Judicial es un órgano independiente y su relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia es el de “coordinación” (entiéndase de políticas normativas, procesales, etc.) y no de “actos políticos”.

Por ello y al no haberse aún consumado estos actos impropios y que importarían una disposición arbitraria de bienes, en el sentido estricto de la palabra, es que le pedimos los evite y desautorice su realización.

Con este motivo y con ”el profundo orgullo de ser abogados”, expresamos a usted señor Delegado Distrital, nuestras más distinguidas consideraciones.


 
Bernardo Wayar Caballero
PRESIDENTE

 
BWC/c
c.c:arch gra

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PAZ

La Paz, julio 17 de 2009
CITE: ICALP Nº 0675/2009

Señor
Dr. Gerardo Torres Antezana
PRESIDENTE
CORTE SUPERIOR DE DISTRITO
Presente.-

    Ref. Representa uso indebido de ambientes del Poder Judicial


Illmo. Señor Presidente:

Como es de su conocimiento en fecha 29 de abril de 2009 fue emitido por el Poder u Órgano Ejecutivo el DECRETO SUPREMO Nº 0100  que  “Promueve el ejercicio libre de la actividad profesional del abogado con tí¬tulo en provisión nacional, mediante la creación de un Registro Público de Abogados a cargo del Ministerio de Justicia”. El decreto en cuestión al igual que su similar Nº 29783 de 12 de noviembre de 2008, tiene por objeto el debilitamiento orgánico, funcional y financiero de los Colegios de Abogados de la “República de Bolivia”  y el control político del ejercicio de la abogacía, vulnerándose con su solo dictado los principios constitucionales de reserva de ley, de legalidad, y de jerarquía normativa entre otros, amén de los derechos y garantías fundamentales de los Colegios de Abogados y de sus miembros.

Como no podía ser de otra manera, el Colegio de Abogados de La Paz y sus similares de la República, han impugnado por la vía administrativa el arbitrario por inconstitucional e ilegal acto, habiendo merecido el rechazo también ilegal a su consideración por parte del señor Presidente de la República, lo que les habilita y/o lo hace con cualesquiera de sus miembros a plantear un recurso constitucional, aún a pesar del cese forzoso del Tribunal Constitucional y del debilitamiento de varios órganos del Poder Judicial.

Sin embargo, al no poder algunos malos abogados miembros del órgano ejecutivo plurinacional conseguir su objetivo inmediato, sobre todo con el más antiguo Colegio de Abogados de Sur América como es el Colegio de Abogados de La Paz creado el 20 de febrero de 1893, se han dado a la tarea de “intentar” amedrentar y criminalizar la libertad de expresión y pensamiento de sus Directores, denunciándolos penalmente, acción que por absurda e infundada esperamos no prospere, salvo, la actuación de algunos malos fiscales y jueces, cuyo obrar de dudosa constitucionalidad, ha sido de conocimiento público en otros casos. Este proceder se ha puesto en forma oportuna en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una forma más de vulneración al Estado de Derecho.

Por otro lado, y como pese a todos los actos arbitrarios, el órgano ejecutivo, no ha podido evitar que los abogados continúen inscribiéndose al ICALP, ahora el Ministerio de Justicia pretende realizar otro acto político intentando mostrar a la población boliviana que tiene el “apoyo y aprobación” del Poder Judicial a sus medidas contra los colegios, la colegiatura y sus abogados, al utilizar el Hall principal de la Corte Superior de Justicia para tomar el juramento a los nuevos abogados.

Y para que no quede duda del móvil político, bastará averiguar que el Ministerio de Justicia posee un Auditorio con una capacidad de ciento cincuenta personas aproximadamente y un importante Hall de ingreso cuyo tamaño es algo menor al del Palacio de Justicia; entonces ¿porqué no desarrollar los juramentos de abogados inscritos en dicho Ministerio, en esas instalaciones?

Es de su conocimiento, que los recintos del Poder Judicial son exclusivos a sus funciones, sin distracciones ni usos que no sean los específicamente jurisdiccionales o los relacionados directamente con aquellas; o tal vez se haya decidido abrir sus puertas para actos de juramento no solo de abogados sino de nuevos profesionales como los arquitectos, economistas u otros, en aplicación del principio de igualdad, o tal vez para las graduaciones de colegios fiscales que carecen de espacios físicos.

No cabe señor Presidente realizar este tipo de actos, más aún si el Poder Judicial es un órgano independiente y su relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia es el de “coordinación” (entiéndase de políticas normativas, procesales, etc.) y no de “actos políticos”.

Por ello y al no haberse aún consumado estos actos impropios y que importarían una disposición arbitraria de bienes, en el sentido estricto de la palabra, es que le pedimos que junto a la Sala Plena, los evite y desautorice su realización.

Con este motivo,  y con “el profundo orgullo de ser abogados”, expresamos a usted señor Presidente y por su intermedio a los Illmos. Vocales, nuestras más distinguidas consideraciones.

Bernardo Wayar Caballero
PRESIDENTE

BWC/c

c.c: arch gral


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