Proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional

26 de julio de 2010
NOTA.- Por favor, enviar sus comentarios a presidencia@icalp.org.bo antes del viernes 30 de julio de 2010.


PROYECTO DE LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL
 
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
 
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto determinar el deslinde de la jurisdicción indígena originario campesina, comunidades interculturales y afro boliviano con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. Además, determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones.
 
ARTÍCULO 2. (FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL). La vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales se fundamentan en la Constitución Política del Estado (Art. 179 – 190 al 192), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de otros instrumentos internacionales que garanticen la aplicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley se aplican en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 4. (IGUALDAD JERÁRQUICA). La jurisdicción indígena originario campesina y de las comunidades interculturales tienen igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS). Los principios supremos que rigen la presente Ley son:
a) Respeto a la Unidad e Integridad del Estado Plurinacional. La aplicación de las jurisdicciones constitucionalmente establecidas, en el marco del pluralismo jurídico igualitario, tiene la finalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado Plurinacional.

b) Respeto a los Derechos Fundamentales. En la aplicación de justicia ejercida por las autoridades jurisdiccionales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y comunidades interculturales, jurisdicción ordinaria y agroambiental, se respetarán los principios, valores, derechos individuales, colectivos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política del Estado

c) Diversidad Cultural. En la aplicación de justicia se respetarán las diferentes identidades culturales y sus respectivos idiomas de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

d) Interpretación Intercultural. Al momento de aplicación de justicia, las autoridades e los diferentes sistemas jurídicos deberán tomar en cuenta las diferentes identidades culturales de los pueblos indígena originario campesinos y comunidades Interculturales, reconocidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

e) Pluralismo Jurídico. Se respeta y garantiza la coexistencia, convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en el Art. 1 de la Constitución Política del Estado.

f) Complementariedad. Principio por el que los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales, reconociendo su diversidad, coexisten e interactúan con los demás sistemas jurídicos reconocidos constitucionalmente, en el marco de la vigencia del pluralismo jurídico igualitario.
 
g) Coordinación y Cooperación. Para brindar una justicia pronta, oportuna y eficaz a la sociedad boliviana en su conjunto, las autoridades jurisdiccionales deberán implementar mecanismos de coordinación y cooperación jurisdiccional.
 
h) Reciprocidad. Principio mediante el cual las distintas jurisdicciones, en función a la corresponsabilidad mutua, se brindarán la asistencia jurídica necesaria.
 
i) Interculturalidad Jurídica. Las autoridades de las diferentes jurisdicciones podrán adoptar medidas de tolerancia y entendimiento, de acuerdo a las condiciones socio-culturales de cada nación o pueblo indígena originario campesino y comunidades interculturales, respecto a normas jurídicas propias de otros sistemas jurídicos reconocidos constitucionalmente, con el fin de resolver los conflictos en el marco de la pluralismo jurídico igualitario.

j) Autonomía Jurisdiccional. En el marco de la igualdad jerárquica establecida en la Constitución Política del Estado, se garantiza el respeto pleno a la independencia material y funcional de las diferentes jurisdicciones, las mismas que se sujetan únicamente a las autoridades, principios, valores culturales, normas, procedimientos y sanciones, propios de cada sistema jurídico.

k) Libre Determinación. Principio por el cual los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales deciden y ejercen sus propias formas de gobierno, promoviendo, desarrollando y manteniendo sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, tradiciones y procedimientos con el fin de construir su desarrollo económico, social y cultural, sin injerencias externas. Tiene carácter inalienable y genera obligaciones para el Estado.
 
l) Equidad de Género. Se respeta la dualidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer como autoridades jurisdiccionales, quienes, en el ejercicio de sus funciones, deben respetar los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
 
m) Igualdad de Oportunidades. Es una forma de justicia social que establece que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.
 
ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES).

Función judicial. Es la potestad de impartir justicia, en el marco del pluralismo jurídico y la diversidad cultural; la misma que emana del pueblo boliviano, es ejercida por las distintas jurisdicciones consagradas en la Constitución Política del Estado, y sustentadas en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
Naciones y pueblos indígena originario campesinos. Son colectividades humanas anteriores a la invasión colonial española, que históricamente pertenecen a un territorio ancestral y que mantienen sus formas de vida cultural con una identidad propia expresada en su idioma, tradición histórica, instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas, políticas y cosmovisión, ya sea en forma total o parcial.
Comunidades Interculturales. Son colectividades humanas que, trasladándose de sus territorios ancestrales a otras regiones geográficas, constituyen identidades de carácter plural, con pertenencia histórica a lo indígena originario campesino.
Comunidad Afro-boliviana. Son colectividades humanas asentadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia que históricamente descienden de pueblos africanos, que mantienen sus propios sistemas jurídicos.
Derecho Propio. Es el conjunto de normas basadas en sus valores milenarios, principios culturales, procedimientos y costumbres que regulan la vida social de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales, para mantener una vida en armonía y equilibrio entre sus miembros y la naturaleza.
Jurisdicción Indígena Originario Campesina. Es la potestad constitucional que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos y  comunidades interculturales para ejercer las funciones de administración de justicia de conformidad a sus principios, valores, normas y procedimientos propios.
  Autoridades Indígena Originario Campesinas. Son instancias de representación y administración de justicia, individual y/o colectiva, legítimamente establecidas de acuerdo a las normas y costumbres culturales propias de sus organizaciones.
Deslinde Jurisdiccional. Es la determinación del ámbito territorial de las competencias plenas, integrales y colectivas de la jurisdicción indígena originario campesina y de las  comunidades interculturales respecto de las competencias de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Asimismo, es la determinación de los mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, en el marco de la vigencia del pluralismo jurídico igualitario.
Descolonización. Consiste en la revalorización de las normativas locales orientadas hacia el proceso de reconstitución de sistemas jurídicos, según los principios y valores culturales, normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales, que son consecuentes con la realidad plurinacional del país, en el marco del principio de pluralismo jurídico igualitario, que contribuya a promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales individuales y colectivos, eliminando toda actitud y práctica de discriminación y racismo.
 
TÍTULO II
CAPÍTULO ÚNICO
DESLINDE JURISDICCIONAL Y COMPETENCIAS
 
ARTÍCULO 7. (DESLINDE JURISDICCIONAL). 
I. La jurisdicción indígena originario campesina y  de las comunidades interculturales, otorga potestad a una autoridad determinada, individual y/o colectiva, para asumir competencias con el objetivo de conocer y resolver asuntos, conflictos y delitos, en razón de Jurisdicción Territorial.
II. Corresponde a la jurisdicción indígena originario campesina, administrar justicia dentro de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, Comunidades Interculturales y Afro Bolivianos  donde éstos se desenvuelven conforme a su cosmovisión, vivencia social, cultural y jurídica como entidades autónomas.

ARTÍCULO 8. (COMPETENCIA PLENA, INTEGRAL Y COLECTIVA). 
I. La jurisdicción indígena originario campesina  y de las comunidades interculturales tiene competencia plena, integral y colectiva para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que vulneren los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales.
II. La jurisdicción indígena originario campesina y de las comunidades interculturales también tiene competencia para conocer y resolver asuntos jurídicos que se produjeren fuera de su territorio, siempre y cuando éstos vulneren los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales.
III. Serán de competencia de la jurisdicción indígena originario campesina y de las comunidades interculturales, conocer y resolver las controversias jurídicas suscitadas entre sus miembros, dentro de su territorio o fuera de él, en cualquier asunto, conflicto o delito, siempre y cuando no alteren el orden establecido en las jurisdicciones.
IV. Será competencia de la jurisdicción indígena originario campesina conocer y resolver asuntos jurídicos ocurridos entre personas que no pertenezcan a los pueblos indígena originario campesinos, que cometan o infrinjan derechos dentro de un territorio indígena originario campesino que produzcan daño a la comunidad.

ARTÍCULO 9. (CONFLICTO DE COMPETENCIAS INTRAJURISDICCIONAL). Cuando se trate de conflictos de competencia entre autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina y/o comunidades interculturales, serán resueltos por sus instancias propias.
 
ARTÍCULO 10. (CONFLICTO DE COMPETENCIA INTERJURISDICCIONAL). Cuando se trate de conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina o la comunidad intercultural con la jurisdicción ordinaria o la agroambiental y las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, serán resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, resguardando el respeto y la vigencia de los derechos colectivos e individuales de las naciones o pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales.
 
ARTÍCULO 11. (OBLIGATORIEDAD). 
I. Las decisiones de las autoridades en la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales son de cumplimiento obligatorio y tienen calidad de cosa juzgada. Todas las personas y autoridades públicas acatarán sus decisiones.
II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina y de las comunidades interculturales son irrevisables por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, autoridades policiales y administrativas, bajo pena de sanción disciplinaria y otras medidas establecidas por Ley.
III. Asimismo, en el marco del principio de reciprocidad, las decisiones de la jurisdicción ordinaria y agroambiental no son revisables por las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales, siempre y cuando no vulneren los derechos de los pueblos indígena originario campesinos. 
 
TÍTULO III
CAPÍTULO I
DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
 
ARTÍCULO 12. (COORDINACIÓN). Las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina y de las comunidades interculturales deberán desarrollar acciones de coordinación con las autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, con el propósito de lograr una función judicial efectiva, en el marco del principio del pluralismo jurídico igualitario.

ARTÍCULO 13. (REGLAS DE COORDINACIÓN JURISDICCIONAL). La coordinación jurisdiccional se someterá a las siguientes reglas:
a) Cuando las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina soliciten información a la jurisdicción ordinaria o agroambiental, sobre cualquier asunto o materia relacionada con la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos y comunidades interculturales, esta información deberá ser  proporcionada a las autoridades solicitantes en forma escrita y con celeridad.
b) Serán puestos en conocimiento de las autoridades de la jurisdicción ordinaria y/o agroambiental los problemas, conflictos y delitos que no correspondan a la competencia de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y comunidades interculturales.
c) La autoridad de la justicia Ordinaria y/o Agroambiental que conozca un caso que sea de competencia de la jurisdicción indígena originario campesina deberá remitir el mismo a la jurisdicción indígena originario campesina competente.
d) Podrán ser remitidos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental los asuntos en los que las autoridades indígena originario campesinas y de las comunidades interculturales así lo acuerden, de conformidad con su derecho propio.
e) La remisión que se efectúe será acompañada de los antecedentes del caso y datos de la persona que cometió la falta.

ARTÍCULO 14. (COORDINACIÓN DE CASOS ESPECIALES).
I. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales pueden coordinar con las autoridades de las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas para conocer y resolver acciones de corrupción que afecten el patrimonio público, causas sobre sustancias controladas y delitos de violación a niños, niñas y adolescentes; asimismo, deben coordinar con la jurisdicción ordinaria los delitos contra la seguridad del Estado, los ilícitos aduaneros y tributarios, los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra.
II. En los casos señalados en el parágrafo anterior, las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina podrán coadyuvar en los procesos de juzgamiento, conforme el principio de cooperación y coordinación.
III. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales tienen la obligación de denunciar todos los delitos enunciados en el parágrafo anterior.
IV. La jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales con la jurisdicción ordinaria y agroambiental ejercen competencias compartidas.

ARTÍCULO 15. (COOPERACIÓN). 
I. Las autoridades judiciales y/o administrativas, Ministerio Público, y Policía Nacional, deben prestar inmediata cooperación a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales, para facilitar el proceso de investigación y/o garantizar el cumplimiento de sus decisiones en asuntos sometidos a su conocimiento, en la obtención de medios probatorios, medidas preventivas, cumplimiento de una sanción y otras acciones necesarias para este fin.
II. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y comunidades interculturales prestarán cooperación a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental cuando una o ambas partes, sometidas a dichas jurisdicciones, sean indígena originario campesinas o miembros de las comunidades interculturales.
III. Las autoridades mencionadas en el parágrafo anterior no podrán negarse al cumplimiento del deber de cooperación a la solicitud de las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina y comunidades interculturales, bajo sanción de proceso administrativo, según la gravedad de los casos. Dicha cooperación también será de cumplimiento obligatorio por las autoridades de los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales.
IV. En los casos remitidos por la justicia indígena originario campesina a la jurisdicción ordinaria y agroambiental, las autoridades de estas últimas jurisdicciones deberán emitir informes sobre los procesos concluidos a la comunidad de origen de la persona que va a cumplir la resolución final.
V. Para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales, éstas deberán emitir informes sobre procesos concluidos a la comunidad donde se presume  la residencia de la persona que va a cumplir dicha resolución.
  
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 16. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS). En las funciones de las diferentes jurisdicciones se respetan el derecho a la vida, el derecho a la defensa, los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas y los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales establecidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

ARTÍCULO 17. (DERECHO A LA CONSULTA) El Estado deberá consultar a los pueblos indígena originario campesinos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad a la Constitución Política del Estado y los Instrumentos Internacionales ratificados por Bolivia en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas.

ARTÍCULO 18. (PARTICIPACIÓN DE LA MUJER). En las funciones jurisdiccionales de las naciones o pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales se respeta y garantiza el ejercicio de los derechos de la mujer, así como su participación y decisión, en el marco del principio de la igualdad y equidad de género.

ARTÍCULO 19. (COMUNIDAD AFROBOLIVIANA). Los principios y normas de la presente Ley se aplican a la administración de justicia en la comunidad afro boliviana, en tanto no contradigan sus derechos y, principalmente, sus formas de vida.

CAPÍTULO III
DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

ARTÍCULO 20. (CONTROL CONSTITUCIONAL). La jurisdicción indígena originario campesina se encuentra sujeta a los principios, derechos y garantías enunciados en la Constitución Política del Estado y los tratados o convenios internacionales en Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. En consecuencia, el control constitucional de la presente Ley debe ser ejercido en armonía con los preceptos legales anteriormente mencionados.
 
ARTÍCULO 21 (ACCIONES CONSTITUCIONALES). 
I. Contra las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales, solamente procederán las acciones constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado. La instancia competente deberá resolver dicha acción interpretando interculturalmente los hechos y el derecho en el marco de la autonomía de los Pueblos Indígena Originario Campesinos.
II. Para conocer y resolver las acciones constitucionales en contra de decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina y comunidades interculturales, obligatoriamente deberán conformarse los tribunales mixtos entre las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina con las autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, conforme corresponda.
 
CAPÍTULO IV
DEL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO PROPIO
 
ARTÍCULO 22. (GARANTÍA Y VIGENCIA PLENA). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la plena vigencia y aplicación de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, así como su desarrollo, revalorización, reconstitución y fortalecimiento de sus funciones jurisdiccionales.

ARTÍCULO 23. (PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DERECHO PROPIO). Se reconstituyen cuatro consejos de administración de la Jurisdicción  indígena originario campesina y Comunidades Interculturales con representación Nacional encargados del desarrollo, revalorización, reconstitución y fortalecimiento de la jurisdicción indígena originario campesina y de las comunidades interculturales, desde su propia cosmovisión.

ARTÍCULO 24. (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS). 
I. El Estado Plurinacional de Bolivia proveerá los medios necesarios para la difusión de los derechos de los pueblos indígenas en los mismos pueblos indígenas y las comunidades interculturales, en las instancias del Órgano Judicial, del Órgano Ejecutivo, del Órgano Legislativo, en las entidades autónomas y otras instancias públicas.
II. En el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y el Decreto Supremo Nº 29894, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia
Indígena Originario Campesina, será responsable de diseñar y ejecutar las políticas públicas, en consulta con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para la revalorización, reconstitución  y   fortalecimiento  de   la  jurisdicción   indígena  originaria  campesina  y  de las  comunidades  interculturales,  en  el  marco  de  los  derechos  de  las  naciones  y   pueblos Indígena originario campesinos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
III. El sistema Educativo Boliviano que comprende la educación regular, alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional, así con la formación judicial Públicos y Privados, deben incorporar obligatoriamente contenidos y asignaturas referidas a los derechos de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico y el sistema jurídico de los pueblos indígenas originarios campesinos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- Mientras se construya las infraestructuras de los inmuebles donde vayan a funcionar las sedes de la jurisdicción Indígena campesina, estas operaran en las sedes de sus organizaciones.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se prohíbe a cualquier órgano público y privado del Estado, entendida esta como entidades autónomas, departamentales, regionales y municipales legislar y reglamentar sobre: valores, principios, normas y procedimientos que formen el Derecho Propio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Segunda.- La presente Ley se traducirá en todos los idiomas de las naciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tercera.- Todas las leyes y normas jurídicas contrarias a la presente Ley quedan abrogadas y derogadas respectivamente.

Es dado en……………………………………………………………………….

La Paz, mayo de 2010.


Dip. Luís Gallego Condori
SECRETARIO DEL COMITÉ J.I.O.C.

Dip. Javier Adelio Paucara Llojlla
VOCAL

Dip. Norma Alicia Piérola
VOCAL

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