PRONUNCIAMIENTO DEL ICALP


PRONUNCIAMIENTO 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PAZ

El Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, ante los últimos acontecimientos suscitados en contra del libre ejercicio de profesionales del rubro, se pronuncia en los siguientes términos  de orden técnico jurídico: 


1. En fecha 19  de mayo de 2016 la Institución Colegiada se pronunció con un comunicado a la población boliviana que expresaba su malestar con respecto a los principios de independencia, libertad de defensa, idoneidad, confidencialidad y lealtad prescritos en la Ley de la Abogacía 387. 

2. El ICALP, ante la ilegal persecución penal de los abogados Eduardo León Arancibia, Walter Zuleta Buitrago y William Sánchez Peña Carrafa por la atención técnica jurídica a la señora Gabriela Zapata,  hizo un llamado a los Administradores de Justicia para que asuman el rol que les corresponde a momento de aplicar sus fallos, en estricto apego a los principios de independencia, imparcialidad, respeto a los derechos y criterio de objetividad. 

En este sentido, una vez aprehendido el colegiado Eduardo León Arancibia durante 9 días en los que se ha vulnerado su derecho constitucional de locomoción, con intervención de 8 jueces de garantías constitucionales, siendo la Juez Segundo Cautelar de la ciudad de El Alto Dra. Milenka Gutiérrez, quien  admitió la nulidad de la aprehensión disponiendo que el colegiado León quede en libertad inmediata e irrestricta para que se defienda en esas condiciones.  

En la Audiencia de Medidas Cautelares se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva aplicando la detención domiciliaria con salidas laborales con custodio policial, una fianza real y arraigo las mismas que debían ser cumplidas en un lapso de 72 horas.  Luego de haber cumplido con los trámites administrativos y quedando pendiente la asignación de un custodio policial que debía ser otorgado por la Policía Boliviana por intermedio del Ministerio de Gobierno trámite que por razones que desconocemos se tornó burocrático, se mantuvo al abogado León en celdas judiciales cuando ya debería constituir la detención domiciliaria. En ese lapso, llegó otra denuncia en su contra por  delitos de orden público y lo imputan por los mismos, para agravar su situación de persecución penal y buscar su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

3. El día 30 de mayo de 2016, el Ministerio de Educación decide, por una simple duda en la veracidad de la Libreta de Servicio Militar de Eduardo León Arancibia, revocar el título de abogado que se le otorgó, arguyendo que la Libreta nombrada es falsa.  La Ministra de Justicia ante esa decisión deja sin efecto la Matrícula del Registro Público de Abogados que extiende dicho Ministerio.  Como se puede apreciar, la duda sobre la veracidad de los documentos presentados por León, es extemporánea, transcurrieron más de 20 años para que el Ministerio de Educación pueda percatarse de su ilegalidad.  En todo caso, si se hizo una revisión de la documentación y se encontraron irregularidades, las mismas deberían haber sido remitidas al Ministerio Público para la correspondiente investigación y luego de un debido proceso,  dictar el fallo que corresponda, y, en su caso, recién proceder a la anulación del Título Profesional, habiéndole coartado con ello los derechos constitucionales a la educación y al trabajo.

4. Asimismo, resulta incongruente con el Sistema Administrativo que rige el país, que los Ministerios de Defensa, Educación y Justicia, asuman decisiones determinantes y emitan Actos Administrativos viciados de nulidad que perjudican a una persona, al no haber sustanciado un Debido Proceso, vulnerando las previsiones de Ley 2341 del Procedimiento Administrativo y sus normas modificatorias y conexas, que por supuesto generará Responsabilidad por la Función Pública.

En tal sentido, hacemos un llamado a la conciencia de las autoridades en general que deben enmarcarse en la independencia judicial en apego al principio a la seguridad jurídica y respeto por los Derechos Humanos.  

El Ilustre Colegio de Abogados de La Paz,  impetra no sólo por el cumplimiento de la ley, sino por su cabal interpretación,  debiendo el Órgano Judicial ejercer su independencia y respetar el Estado de Derecho.
Todo lo expresado sea por la defensa del libre ejercicio profesional.

EL DIRECTORIO


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