Dra. ROSARIO LUSIA ESCOBAR DAVALOS

Bajo ese enfoque, se elude a la teoría del equilibrio que implica fiscalización y control dentro de la teoría de la división de poderes y no excepción a la misma.  El control aparece, pues, como el instrumento indispensable para el equilibrio y, con éste, para garantizar y asegurar la libertad no solo individual sino colectiva de la sociedad.

Efectuadas estas consideraciones y de acuerdo a la línea dictada por José Antonio García Becerra, el control Constitucional se representa como un proceso instituido y debidamente previsto en la propia Constitución de un Estado, cuyo fin último es el de vigilar que los actos de autoridad estén conformes a lo dictaminado por la Ley Fundamental y para el caso de incumplimiento a éste cometido deberá declararse la contrariedad con el texto de la Súper Ley, procediéndose a su anulación o invalidación de parte de la autoridad competente para conocer del juicio de constitucionalidad.  Por consiguiente, la propia norma normarum patrocina un sistema para su propia defensa, que la salvaguarda de ser infringida o vulnerada por el poder estatal, con la última ratio de mantener el orden constitucional haciendo prevalecer el principio de su supremacía.

Este control constitucional tiene muchas aristas que la doctrina identifica como control  político y judicial, éste último se divide en difuso, cuando la fiscalización se encuentra encomendada a varios órganos; el concentrado que es confiado a uno solo de esos órganos y que en nuestro medio se consigna al Tribunal Constitucional; el mixto que es una simbiosis de los anteriores y, finalmente, el dual o paralelo que sin llegar a ser una mixtura de funciones entre varios órganos éstos aspiran a una independencia funcional.

En el caso concreto de la realidad nacional, el poder constituido en la actualidad no encuentra el camino por el cual se active nuevamente la institucionalidad del Tribunal Constitucional, y subsiguientemente, al margen de la vulneración de derechos y garantías ciudadanas, se deja sin control constitucional todo el aparato estatal. 

Se comprende que retomar el cauce de la institucionalidad es un acto que involucra inicialmente el proceso de selección de personas que pretenden arribar al cargo de magistrados del guardián de la ley suprema, el cual debe ser totalmente idóneo y transparente en su clasificación –aunque no se diga que no será político porque esto sería mucho pedir–, pero este trámite debiera ser más ágil, máxime tomando en cuenta los miles de recursos constitucionales que a la fecha se encuentran paralizados en Sucre a la espera y paciencia de los litigantes que esperan justicia y por supuesto, control.

Bajo ese enfoque, se elude a la teoría del equilibrio que implica fiscalización y control dentro de la teoría de la división de poderes y no excepción a la misma.  El control aparece, pues, como el instrumento indispensable para el equilibrio y, con éste, para garantizar y asegurar la libertad no solo individual sino colectiva de la sociedad.

Efectuadas estas consideraciones y de acuerdo a la línea dictada por José Antonio García Becerra, el control Constitucional se representa como un proceso instituido y debidamente previsto en la propia Constitución de un Estado, cuyo fin último es el de vigilar que los actos de autoridad estén conformes a lo dictaminado por la Ley Fundamental y para el caso de incumplimiento a éste cometido deberá declararse la contrariedad con el texto de la Súper Ley, procediéndose a su anulación o invalidación de parte de la autoridad competente para conocer del juicio de constitucionalidad.  Por consiguiente, la propia norma normarum patrocina un sistema para su propia defensa, que la salvaguarda de ser infringida o vulnerada por el poder estatal, con la última ratio de mantener el orden constitucional haciendo prevalecer el principio de su supremacía.

Este control constitucional tiene muchas aristas que la doctrina identifica como control  político y judicial, éste último se divide en difuso, cuando la fiscalización se encuentra encomendada a varios órganos; el concentrado que es confiado a uno solo de esos órganos y que en nuestro medio se consigna al Tribunal Constitucional; el mixto que es una simbiosis de los anteriores y, finalmente, el dual o paralelo que sin llegar a ser una mixtura de funciones entre varios órganos éstos aspiran a una independencia funcional.

En el caso concreto de la realidad nacional, el poder constituido en la actualidad no encuentra el camino por el cual se active nuevamente la institucionalidad del Tribunal Constitucional, y subsiguientemente, al margen de la vulneración de derechos y garantías ciudadanas, se deja sin control constitucional todo el aparato estatal. 

Bajo ese enfoque, se elude a la teoría del equilibrio que implica fiscalización y control dentro de la teoría de la división de poderes y no excepción a la misma.  El control aparece, pues, como el instrumento indispensable para el equilibrio y, con éste, para garantizar y asegurar la libertad no solo individual sino colectiva de la sociedad.

Efectuadas estas consideraciones y de acuerdo a la línea dictada por José Antonio García Becerra, el control Constitucional se representa como un proceso instituido y debidamente previsto en la propia Constitución de un Estado, cuyo fin último es el de vigilar que los actos de autoridad estén conformes a lo dictaminado por la Ley Fundamental y para el caso de incumplimiento a éste cometido deberá declararse la contrariedad con el texto de la Súper Ley, procediéndose a su anulación o invalidación de parte de la autoridad competente para conocer del juicio de constitucionalidad.  Por consiguiente, la propia norma normarum patrocina un sistema para su propia defensa, que la salvaguarda de ser infringida o vulnerada por el poder estatal, con la última ratio de mantener el orden constitucional haciendo prevalecer el principio de su supremacía.

Este control constitucional tiene muchas aristas que la doctrina identifica como control  político y judicial, éste último se divide en difuso, cuando la fiscalización se encuentra encomendada a varios órganos; el concentrado que es confiado a uno solo de esos órganos y que en nuestro medio se consigna al Tribunal Constitucional; el mixto que es una simbiosis de los anteriores y, finalmente, el dual o paralelo que sin llegar a ser una mixtura de funciones entre varios órganos éstos aspiran a una independencia funcional.

En el caso concreto de la realidad nacional, el poder constituido en la actualidad no encuentra el camino por el cual se active nuevamente la institucionalidad del Tribunal Constitucional, y subsiguientemente, al margen de la vulneración de derechos y garantías ciudadanas, se deja sin control constitucional todo el aparato estatal.