La paralizacion del Tribunal Constitucional y sus efectos en la legalidad del país

CONFERENCIA DE PRENSA
(La Paz 17/03/08)

El Tribunal Constitucional de Bolivia se halla paralizado desde diciembre pasado como consecuencia de la renuncia, primero de la Presidenta y Decana, sometidos a juicios de responsabilidad, y, posteriormente por la renuncia de dos Magistrados.

En momentos en que el país confronta una serie de problemas que afectan a la seguridad jurídica y a la legalidad de otros poderes del Estado, así como de dirigentes regionales, el Tribunal Constitucional se halla imposibilitado de ejercer el control de constitucionalidad, cuya función le asigna la Constitución Política del Estado.

Estos problemas de seguridad jurídica, de legalidad, y vigencia plena de la Constitución y las leyes, podrían ser resueltos por el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias y resoluciones han estado orientadas siempre a mantener la primacía de la Carta Magna y a contribuir de ese modo al estado de derecho.

Pero no sólo la solución de los problemas actuales de legalidad que enfrentan a algunos poderes con las regiones podría viabilizarse mediante la labor del Tribunal Constitucional. Debido a la paralización de este órgano del Poder Judicial, cientos de bolivianos de todo el país se hallan pendientes de la resolución de sus recursos y amparos.

Es por ello que nos hemos constituido en la sede del Gobierno: para exigir y reclamar al Congreso Nacional, en nombre de todo el pueblo boliviano, que cumpla el mandato constitucional de elegir a los Magistrados que deben llenar las acefalías, algunas de las cuales se mantienen desde hace un par de años.

Y también para sensibilizar a la comunidad boliviana sobre la situación de virtual colapso del Tribunal Constitucional, de manera que todos defendamos al órgano que protege los derechos y garantías constitucionales: absolutamente de todos, es decir: los derechos políticos en el ámbito municipal y parlamentario, de tal modo que los elegidos puedan ejercer su mandato, así como de elegidos y electores. Los derechos, económicos de empresarios, comerciantes, y también, desde luego, de humildes vendedoras informales, para que puedan cumplir con su actividad que es el sustento diario de sus
Familias.
El derecho al trabajo de mujeres embarazadas y a la vida de sus hijos, de los obreros y trabajadores frente a sus patrones.
El Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, ha protegido el derecho a la vida y a la salud, de enfermos terminales, como en los casos de enfermos de SIDA, con afecciones renales, o pérdida del seguro social.

En el ámbito del control de constitucionalidad y del ejercicio del poder, se sentó las bases para una democracia real y efectiva, en la que cada órgano del Estado se limite a cumplir sus obligaciones sin afectar a los derechos de las personas, y también sin usurpar las competencias de los otros órganos, posibilitando así que los principios de separación de funciones, supremacía constitucional y jerarquía normativa, sean aplicados en forma material, logrando de esta forma un Estado con una democracia fiable, accesible, sin que los ciudadanos puedan verse afectados por un Estado autoritario y abusivo.

En sus casi diez años de funcionamiento, el Tribunal ha defendido a toda la población boliviana ante los abusos de autoridades y ante los excesos de funcionarios superiores, o frente a la discrecionalidad de los jueces.

Las graves consecuencias para el país, por la falta de designación de magistrados son, aparte de la paralización de las labores jurisdiccionales:

- Rezago en la atención oportuna de casi 2.000 procesos que perjudican a más de 12.000 personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
- Perjuicio al propio Estado y a muchas de sus instituciones que mantienen una angustiante expectativa por la resolución de sus recursos congelados.
- Retardación de justicia, atribuible al Poder Legislativo.
- Responsabilidad penal y política del Congreso y de cada uno de los legisladores.
- Deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, pues sin Tribunal Constitucional se incumple el mandato constitucional, y sin estado de derecho (que es el acatamiento a las leyes) no hay democracia.

Ante este estado de cosas inconstitucional, el Congreso Nacional tiene el desafío, frente a la opinión pública nacional de DESIGNAR a los magistrados, conforme manda la Constitución. De no hacerlo, son pasibles, por omisión, de responsabilidad penal.

El Tribunal Constitucional, el país democrático, y el Poder Judicial, siguen con interés y creciente preocupación el procedimiento previo para la revisión de medio centenar de postulantes a la alta magistratura.

El Vicepresidente de la República, como presidente del Congreso, debe convocar a una sesión, en la que por tiempo y materia, se proceda a la designación.

Esperamos, naturalmente, que tales designaciones se realicen en un marco de absoluta transparencia. Que la elección recaiga en abogados idóneos e independientes, además de comprometidos con el país, con el estado de derecho y de vocación democrática.

También esperamos y confiamos en los medios de comunicación, en la prensa nacional, para que se haga eco de esta nuestra súplica, para que se consciente, al fin, de que de la normalización del Tribunal Constitucional pende en gran medida que los problemas de legalidad y seguridad jurídica se resuelvan por la vía constitucional, que sólo nos garantiza el órgano de control de constitucional, que en casi diez años contribuyó a sentar las bases del respeto a los derechos y las garantías constitucionales de todos los bolivianos.